El paro aumenta, 74.296 personas en noviembre pasado, y ninguna de las reformas emprendidas por el gobierno, incluida la ley que modifica el mercado laboral, aprobada a comienzos del año en curso para otro contexto económico y político, lo detiene. El gobierno del Partido Popular retoma la determinación del gobierno socialista de la legislatura anterior, que consiste en confiar que el altísimo desempleo parará una intervención completa de la Unión Europea, respaldada por el Fondo Monetario Internacional. En el día que se festeja la Constitución española (6-12) por parte del gobierno, cada vez está más cerca que la Monarquía parlamentaria de Juan Carlos I pierda la legitimidad que le confiere el cuerpo social. El estado no es una institución democrática; es tan anónimo como los mercados; lo público no se asienta sobre un sólido contrato social: la subasta de bienes estatales estaría sometido a una aprobación popular mediante referendo. Eso no se produce. La privatización está fundamentada en la legitimidad social de las clases dominantes, que están sujetas a las contradicciones propias del capitalismo: una aparato productivo autoritario y una sociedad civil presa del ocio y el consumo. La tesis del sociólogo Daniel Bell.

Hay otros datos económicos que no podemos ignorar. Así, el Índice de Tendencia de Competitividad registró, para el tercer trimestre de este año, un aumento del 0,7 con respecto a la Unión Europea. El déficit comercial español se redujo un 25% hasta septiembre. Gracias a las exportaciones, el déficit acumulado por cuenta corriente se ha rebajado más de un 45% hasta septiembre. Las cifras positivas conciernen a más aspectos. La política de comunicación del estado no coincide con las prácticas de una empresa.

El paro, entre circunstancias temporales y estructurales, mostrará otra cara al desaparecer la amenaza de intervención europea. Mientras, el rescate a la banca española nacionalizada conllevará nuevos despidos en las entidades financieras. El desempleo no sólo se ceba con la mano de obra poco cualificada. Nada tiene sentido, y menos aún una justificación para el enorme sacrificio del pueblo español, si el régimen patrio no termina en colapso y así Alemania verá más cerca la ruptura de la Unión Europea, o bien prospera la Europa de las regiones entre los estados fallidos, como el español, doblegado por los partidos sediciosos vasco y catalán. Entre tanto, y a la espera de un muevo acuerdo presupuestario de la unión, sobre el que no hay acuerdo, La Política Agraria común es la partida de gasto más importante del presupuesto europeo: el 70% del gasto total. Una mentalidad campesina muy a gusto de los funcionarios europeos. Así, la política exterior europea deja paso a los estados que actúan por su cuenta.

La Monarquía parlamentaria española no ha roto con la tradición hispana, dado que ha alcanzado un grado de degradación política, económica y social que bastaría para ver saltar por los aires este régimen, que se fundó sobre la compensación histórica al bando republicano. A lo largo del los siglos XIX y XX se sucedieron dos restauraciones borbónicas, dos repúblicas, dos guerras carlistas y una gran guerra civil, una monarquía extranjera, pronunciamientos… y el Estado español salvaguardado gracias al cambio de régimen. Con la democracia moderna y los pactos multinacionales las reglas han cambiado; la pertenencia a la Unión Europea y a la OTAN preserva la integridad de los estados miembros, como el español. En esto también confía la casta política hispana, que no cree en el pueblo y no necesita demostraciones nacionales, en estos momentos, como las manifestaciones en Madrid y Barcelona del día 6 de diciembre.

La Unión Europea no es independiente; las instituciones del viejo continente apostaron por la globalización, y no sorprende que la Troika, que gestiona la crisis de deuda soberana, esté compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central (BCE) y el FMI (Fondo monetario internacional). Como nos recuerda Bernard Cassen en el número de septiembre de Le Monde Diplomatique, las medidas emprendidas por la Troika, “son una versión europea de los planes de ajuste estructural impuestas durante largos años a los países del sur por parte del FMI y el Banco Mundial…”

¿No merecía Europa una consideración distinta? Eso podían creer los ciudadanos europeos hasta el día de hoy. Somos una zona de influencia de Estados Unidos, que interviene discretamente a través del FMI, el Banco Mundial, la OCDE, que recientemente ha visitado España. Alemania aspira a un estatuto propio nuevo: se abstiene, separándose de un grupo de países europeos, como España, en el reconocimiento simbólico, en la ONU, del estado palestino; pero vende armas a varios países del Oriente Medio, una zona permanentemente inestable, lo que remarca su anhelo de gran potencia y que cuestiona su determinación por la neutralidad demostrada en desistir de participar en las invasiones de Irak y Libia.

La Unión Europea no sirve a Alemania para alcanzar sus expectativas; ¿Cuánto debe durar esta farsa que hace pagar a los países del sur de Europa un precio tal alto? ¿Se equivoca Estados Unidos con Europa, con el liderazgo alemán; se arrepentirá en Oriente Medio con la Primavera Árabe?

Angela Merkel, canciller de Alemania, aspira a renovar el ilustre cargo por tercera vez, con la CDU, en 2013; venida del este (República democrática alemana), Angela Merkel cultiva la imagen de la República Federal, anterior a la reunificación, ante la opinión pública europea; una cierta impostura acompaña a esta actitud calculada: hay 3 millones de ruso parlantes en Alemania y, según la agencia financiera Crediteform, hay 6,6 millones de alemanes que son deudores insolventes, que deben un promedio de 33.000 €.

Transparencia Internacional, con sede en Berlín, ha publicado el Índice de Percepción de la Corrupción 2012. España ocupa la posición 30, con una puntuación de 65 (lo preocupante está por debajo de 50). El Estado español puede estar tranquilo con el resultado de esta prestigiosa institucional; sin embargo, la percepción en España sobre la corrupción es más negativa de lo que refleja el índice del 2012. El caso Marsans, con la detención de Gerardo Díaz Ferrán y la persona de Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, relacionada con el asunto, es uno de los ejemplos de que la corrupción en España es mayor de lo que apunta el índice internacional.

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