Los políticos españoles nos deparan más de lo mismo y no sabemos si se debe por inconsciencia o prosiguen con la liquidación del régimen político de 75, una tarea que no culminan. El gobierno de coalición actual entre el PSOE y Sumar se dispone a ceder competencias al gobierno autonómico catalán en materia de inmigración y con la condonación de la deuda de la Generalidad catalana acordada. Siempre se recurre a la Constitución de 1978 para justificar las decisiones políticas del gobierno. El cinismo y la mediocridad se dan la mano en este escenario español.
Los partidos principales PSOE y Partido Popular no consiguen mayorías absolutas en las Elecciones Generales que se celebran últimamente en España. Los partidos citados nos ofrecen una y otra vez más de lo mismo para satisfacción de los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Las concesiones parecen no tener fin y la resistencia del régimen del 75 es asombrosa. Ni el PSOE ni el Partido Popular demuestran una lealtad a la Constitución del 78; la propia carta magna es ambigua. Estos partidos mayoritarios interpretan La Transición con una proclividad a pactar con fuerzas nacionalistas fuera de dudas.
La política española es agotadora y los líderes políticos tienen una valía parecida. No surge un líder que desafíe las reglas imperantes de la democracia parlamentaria española. Las organizaciones internacionales no cuestionan la democracia española; las cuestiones internas de los países no se discuten y beneficia a los partidos españoles siempre empeñados en malgastar la confianza que depositan los españoles en estos representantes; más de lo mismo para regocijo de las potencias extranjeras.
Las objeciones que plantean constantemente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, y el presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ponen en peligro las determinaciones del gobierno de coalición PSOE y Sumar. En el fondo, estos presidentes autonómicos defienden el modelo autonómico vigente. Más de lo mismo.
Toda la política española desde la Transición no tiene sentido si nos olvidamos de la actividad criminal de la banda terrorista vasca ETA. La Fiscalía del Estado se niega a reabrir el caso de «Miguel Ángel Blanco», el concejal popular asesinado por ETA en 1997. El presidente español, Pedro Sánchez, es filo etarra como otros tantos políticos españoles, desde La Transición española para congoja de los españoles que no han justificado la actividad política y criminal de ETA.
La violencia ejercida con determinación política es aceptada en el escenario democrático; no quebranta las reglas de juego pese a que las apariencias digan lo contrario. La actividad larga de ETA no ha sido analizada lo suficiente por el periodismo español. Desconocemos si algún historiador se ha atrevido con la banda criminal vasca.
La añoranza republicana y la mala prensa franquista son las variantes en juego en la democracia española. El régimen del 75 repite con insistencia las bondades republicanas y denigra las realidades del régimen franquista. La conciencia española está maleada hasta un punto que no parece posible que vayamos a recuperar una perspectiva realista de nuestra historia común, con la complicidad de los políticos y periodistas españoles.
Siempre hemos apostado por la liquidación del régimen del 75. La degradación de la democracia española es un hecho histórico que se repite, desde el siglo XIX. Sin embargo, los partidos políticos han reforzado su papel en el juego político democrático y presentan una inclinación notable al autoritarismo. Más de lo mismo abre la puerta a nuevos desatinos que completen el puzle democrático español. Esperamos poco de las organizaciones internacionales para cambiar la política interna de España o de cualquier otro país.
La reelección de Trump tampoco es una garantía de cambio a corto plazo. Es muy difícil romper con los estereotipos establecidos en la política internacional.
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