Lo que se necesita para la sociedad española, que demora en cada convocatoria electoral, es cerrar el ciclo político del régimen de 1975. La Monarquía constitucional, ahora con el rey Felipe VI, no debería legitimar por más tiempo las bases ideológicas de la Transición, esto es, la compensación histórica al bando republicano, con los partidos nacionalistas catalanes y vascos en primer plano. Se necesita una reforma electoral, una reforma constitucional distinta de la que promueve el PSOE y otras oligarquías patrias.

Precisamente, lo que se necesita es aprovechar el ascenso de Podemos para proponer un cambio verdaderamente radical. Ninguna formación política, parlamentaria o extraparlamentaria se atreve a tanto. El proceso abierto en Cataluña, nada sorprendente, ya no respeta los acuerdos entorno a la Constitución de 1978. El modelo autonómico impide una acción directa del gobierno de España. La corresponsabilidad del ejecutivo central y los gobiernos autonómicos está en el fondo del conflicto catalán. Una reforma de la Constitución, tal y como parece que propone el PSOE, podría agravar todavía más las circunstancias tan favorecedoras a los anhelos independentistas de los partidos nacionalistas catalán y vasco.

Los partidos, en el gobierno y en la oposición, no hablan con claridad a la ciudadanía. El Partido Popular, en este mandato, ha demostrado que es capaz de poner en marcha un plan de reformas, en el mercado laboral, en la educación y en la administración central, por ejemplo,  que demuestra sus postulados democráticos. El esfuerzo del gobierno del presidente M. Rajoy es reformista, una etiqueta democrática innegable, pero ya carece de impulso regenerador.

La crisis económica, dura y larga, no ha cambiado las bases y principios del régimen. Si Podemos, liderado por Pablo Iglesias, es la consecuencia de la desesperación española, el régimen de 1975 dará una vuelta de tuerca más, sin planteamientos nuevos ante la sociedad.

La globalización, el reparto de poder entre los Estados y los mercados ha complicado sobre manera las tareas de gobierno. España, un país poco poblado, envejecido y con una tasa de paro descomunal, está en desventaja en la carrera de la globalización económica y política, a pesar de pertenecer a UE, manejada, en apariencia, por Alemania.

Parece que no tiene sentido lo que necesita España, en conjunto, sino las comunidades, como demuestra Madrid, aunque fracasara Euro Vegas y las Olimpiadas del 2020. Objetivos circunscritos a una región, que extenderá su influencia a otras regiones colindantes. Esto explica el anhelo de la Generalidad catalana, que recurre a una solución romántica del s. XIX.

En tanto, no se remuevan las bases del régimen del 75, Podemos u otra formación de izquierda, estará legitimada para gobernar. Incluso con el apoyo de la oligarquía catalana, representada por el Grupo Planeta, el responsable del programa de televisión La Sexta Noche.

Lo que se necesita no está en los programas electorales de los partidos con reales opciones. Las pequeñas formaciones, como Vox, UPyD y Ciudadanos no dan con la clave de su baja representación parlamentaria. La legitimidad establecida en 1975 favorece a determinados partidos. No nos damos cuenta.

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