En estos días, tras la sorpresiva muerte de Rita Barberá, han salido a la palestra varios congresistas con declaraciones sobre una posible reforma de la Constitución; incluso ha habido quién se ha referido a una constitución nueva. Insistimos que es necesario que el régimen del 75 caiga; arrastraría o no a la Corona, que es otra cuestión.

La crisis económica no está superada; de cambiar la política actual el Banco Central Europeo, sustentada con la compra de títulos de deuda privada y pública, España enfrentaría nuevos problemas con la deuda.

La crisis institucional sigue minando el régimen. La presencia de la vicepresidenta del gobierno en Cataluña, con un discreto despacho a su servicio, revela la ausencia del Estado español en la región catalana. La pinza entre los nacionalismos catalán y vasco podría ser una realidad, a partir de la anexión de Navarra por el País Vasco, que la Constitución permite gracias a la disposición transitoria cuarta. El caso de los  guardias civiles apaleados en la Comunidad Foral de Navarra por un grupo proetarra proyecta la ambición territorial de las Vascongadas.

El régimen del 75 consagró la compensación histórica del bando republicano, refrendado con la Constitución del 78. Por esto, un grupo político como Podemos ha surgido con una facilidad pasmosa lo que nos enseña la debilidad de la derecha política, aunque la apuesta de Rajoy parezca ir adelante: su entendimiento con el PSOE transitorio.

La democracia liberal no casa con la nación española; el experimento, ya ensayado varias veces, es una camisa de fuerza que termina deshecha. La Constitución, recientemente homenajeada, se vuelve papel mojado, por las traiciones de los órganos encargados de su cumplimiento.

El Estado español no frena el auge de los nacionalismos catalán o vasco, en parte por la admiración que despiertan los partidos independentistas en el resto de formaciones que dicen respetar y salvaguardar la Constitución.

La reforma de la Carta Magna será recurrente; el régimen, que teme un desenlace desastroso de la rebelión separatista, podría agarrarse a cualquier ilusión, como una reforma constitucional para contentar a los nacionalistas catalanes y vascos.

El Partido Popular aparecería aislado, con un gobierno preso de los acuerdos que necesita para sacar adelante nuevas reformas. El Partido Socialista no puede renunciar a su ambigüedad, aunque deba renovar el liderazgo del partido.

A corto plazo, el techo de gasto y los Presupuestos Generales del Estado son cometidos que prueban las alianzas del gobierno con los partidos constitucionalistas. Como la normalidad es la consigna a la que se aferran nuestros próceres.

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