Ante una nueva decepción, la derogación de la doctrina Parot, por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, la política española sin los aires liberales de Cádiz ni Espartero. Hasta el punto de que no sabemos si este hecho es un revés para el gobierno español; por el contrario, es una sentencia que podría favorecer los planes sobre ETA, ya avanzados por el anterior gobierno socialista. Si fuese lo segundo, el ejecutivo acierta en contar con la complicidad de la corte europea, porque no se atrevía a dar este paso en solitario. Las declaraciones de los políticos y aptitudes varias de organizaciones de víctimas y medios de comunicación sirven de coartada al estado español.
Para el estado, los crímenes políticos, propios de una banda terrorista como ETA, no merecen la misma consideración que los delitos entre particulares. Indirectamente, lo prueba la resolución del tribunal de Estrasburgo. Las organizaciones terroristas tienen una conexiones seguras con los estados, porque sirven a intereses de las potencias, en el juego internacional de las rivalidades.
¿Por qué el gobierno sigue el plan socialista sobre ETA? ¿Es tan grande el descontento en la política española por la marcha del gobierno del Partido Popular, pero sin acertar en discernir las causas? La personalidad del presidente Mariano Rajoy está en entredicho, como ya pasaba con el presidente socialista J. Luis R. Zapatero. La crisis económica, todavía sin superar, ha desfigurado el cargo de presidente del gobierno español, por los intereses comunes de los grandes partidos políticos, algo incomprendido por las pequeñas formaciones, que aspiran a más.
Todo es sencillo. El gobierno del Partido Popular es la consecuencia directa del golpe de estado del 11-M; es la ventaja que goza el Partido Socialista, a pesar del mal resultado en las pasadas elecciones generales. El último gobierno de Aznar fue derrotado el 11 de marzo del 2004. El manejo del Partido Socialista del aparato del estado, esto es, cuerpos de seguridad, centros de inteligencia y medios judiciales, fue tan rotundo, sobresaliente, que era inevitable la transformación del Partido Popular. Entonces, Mariano Rajoy era el candidato del Partido Popular; ahora, es el presidente del gobierno. El gran atentado en Madrid acabó con los aires liberales de la Monarquía parlamentaria de Juan Carlos I. La política española repite los malos episodios del siglo XIX.
El gobierno del Partido Popular ha procurado un consenso de Estado para el plan de reformas que ha puesto en marcha. Política fiscal, política de interior (ETA), política exterior; la política educativa no consigue el acuerdo nacional. El gobierno no quiere demostrar fortaleza ante los desaires de la Generalidad catalana, porque sabe que no controla el aparato del estado. Qué importante es el líder socialista Rubalcaba. La vieja guardia tienen que velar por el régimen.
Con los recortes presupuestarios es difícil acertar dónde hay acuerdo o discrepancia cierta, y no conveniencias bien aireadas en manifestaciones y actos públicos.
Nuevos partidos y el silencio militar
La semana pasada, en un hotel de Madrid, se reunió el euro diputado popular Alejo Vidal con acólitos, en parcial o completo desacuerdo con el gobierno del Partido Popular. El surgimiento de un partido nuevo, escindido del partido Popular, no supone un hecho en aras de la regeneración de la política española. Los diversos actores no reparan que la Monarquía parlamentaria de Juan Carlos I es un régimen fallido. Necesitamos la subida al trono de Felipe VI o la irrupción de una República. Pero lo cierto es que la única institución que cumple con su papel constitucional es el Ejército, en sus tres ramas. Tradicionalmente, los ejércitos españoles han sido fundamentales para el cambio de régimen, sin contradecir el amor o el odio del gentío patrio por el liberalismo.
El rey Juan Carlos se aferra al trono. Tal vez, tema la acción de la Justicia, si renuncia. La Iglesia Católica no ha contribuido en contrarrestar la moral utilitaria que domina la sociedad española. El terrorismo etarra ha hecho un daño calculado que beneficia la interpretación del régimen como la compensación histórica al bando republicano, en el que cabe el independentismo. La transición no fue pacífica, estamos ante un mito fabricado por la casta política. El origen de los problemas actuales está en los grandes partidos; ¿cómo pueden éstos solucionarlos? Qué incongruencia.
Hasta el punto que la única justificación de este régimen es que Cataluña y la Comunidad vasca consigan sus objetivos políticos. Tanta es la degradación de la Monarquía parlamentaria de Juan Carlos I, que la política española carece del espíritu nacional que frene los anhelos de secesionistas catalanes y vascos. Los ejércitos son una incógnita. La derecha política doblegada y una izquierda pusilánime no concitan interés, a tenor de las encuestas publicadas. Pero el año próximo pondrá a prueba muchas cosas, como si las Fuerza Armadas cumplirán con lo que dicta la Constitución española. Hay una cosa clara: se precisa un cambio de régimen.
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