Los largos gobiernos del Partido Socialista han conformado el régimen político español, al margen del carácter unitario de la Monarquía hispánica; el poder político preserva de facto el orden autonómico. Sabedor el expresidente Zapatero de que la crisis económica y financiera era una amenaza real para las comunidades autónomas, procedió a reformar los estatutos de varias comunidades, principalmente Cataluña (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio), para reforzar la descentralización política y administrativa. Atajar la crisis no fue nunca una prioridad, desde que estalló en el año 2007; a los Estados, las cosas no les cojen por sorpresa.

Por contra, el Partido Popular, con tanto tiempo perdido y a pesar de un programa electoral alentador, se ha topado con las hipotecas del régimen: la crisis financiera no resuelta, por el papel subsidiario desempeñado por las cajas de ahorro, que no gozaron de autonomía en su gestión para proteger a los grandes bancos privados españoles de la burbuja inmobiliaria. La entrada de España en la CEE, en 1986, estuvo acompañada de una reconversión industrial y un alza de la peseta que condicionaron el futuro.

Una mayoría absoluta del PP en las Cámaras, con 186 diputados en el Congreso (elecciones generales 2011), no basta para reformar el Estado. Según nuestra tradición política, es menestar un cambio de régimen o una intervención extranjera que tuviera ese propósito. El consenso entre las grandes formaciones, PP y PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos es otra opción; pero la crisis, que ahora compromete la obtención de recursos financieros en el mercado de deuda ( prima de riesgo en más de 600 puntos) no ha conseguido un gobierno de concentración.

Sin embargo, hay un hecho nuevo. El gobierno actual sube los impuetos y emprende un plan de reformas, aparentemente aprobado por la Unión Europea; la opinión pública considera que no cumple con el programa electoral; distintos sectores periodísticos coinciden en esto. El gobierno popular se justifica por la extrema dificultad de las circunstancias; pero lo cierto, es que la derecha política adopta el esquema político del Partido Socialista, que ya puso en practica el primer gobierno de Felipe González, en 1982. ¿Hecho circunstancial o la compensación para el Partido Socialista, derrotado en 2011?

Son tantas las censuras, que, entre otras cosas, se acusa al gobierno de M. Rajoy de carecer de un plan de comunicación; la política es el arte de lo posible y la figura del portavoz del ejecutivo cumple con su función. La dualidad gobierno-oposición necesita aparecer en los medios de comunicación. Los partidos políticos sólo requieren publicity (notoriedad). Y lo consiguen, sobradamente. De lo contrario, la participación popular en las elecciones generales sería menor.

Al menos, el giro emprendido por el Partido Popular, que lo acerca al Partido Socialista, es el hecho más destacado y desconcerte, en el plano político. La pugna entre ambos partidos entra en una etapa desconocida por la opinión pública.

Una economía axfixiada por Carlos Sanchez Marco

 

Print Friendly, PDF & Email